¿Tendremos nueva Ley de protección de datos en mayo de 2018?

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Queda menos de un año para que se aplique el Reglamento General de Protección de Datos. Se trata de una norma publicada en 2016, para regular esta materia en todo el ámbito de la Unión.

A diferencia de las Directivas, los Reglamentos europeos son directamente aplicables en los diferentes estados miembros. No es necesario ningún trámite previo de adaptación de la normativa interna. Por su propia naturaleza, una vez que entran en vigor, pasan a ser normativa interna.

Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos

Se trata con ello de evitar la disparidad de regulaciones que había generado la anterior Directiva 95/46/CE. Éste había provocado una elevada inseguridad jurídica, pues lo que en un Estado podía tener un alcance, en otro tenía otro diferente.

Dado que se trata de una norma que va a afectar a todas las empresas que manejen datos personales, la Unión ha previsto un curioso mecanismo previo a su plena eficacia. El Reglamento ya entró en vigor, concretamente el 25 de mayo de 2016. Sin embargo, no comenzará a ser aplicable hasta dos años después, en 2018.

Esto quiere decir que la norma ya está irradiando sus efectos a todos los países miembros. Pero no será exigible su cumplimiento efectivo hasta el año próximo.

En la propia norma se prevé que sus normas puedan ser especificadas por el derecho interno de los Estados. En el caso español, se ha decidido que esta especificación tenga la forma de una nueva ley orgánica de protección de datos, que sustituya a la actual, de 1999.

Para ello el Gobierno encargó a la Comisión Nacional de Codificación la elaboración de un nuevo texto. Se ha venido trabajando durante los últimos meses por el grupo de expertos de su sección tercera de Derecho Público, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

El texto finalmente aprobado ha sido remitido al Ministerio de Justicia. También se ha presentado por este al Consejo de Ministros. Ahora este anteproyecto deberá ser objeto de las consultas, dictámenes e informes que se estimen convenientes. Todo ello con la finalidad de que la nueva ley entre en vigor a la vez que comience a ser aplicable el Reglamento Europeo, en mayo de 2018.

Fuente: CincoDías